Madagascar ha aprobado un polémico proyecto de ley que propone la aplicación de penas de castración, ya sea quirúrgica o química, a quienes sean condenados por violar a menores.
La Asamblea Nacional respaldó la medida a principios de febrero, seguida por la aprobación del Senado esta semana.
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No obstante, la iniciativa aún debe ser validada por el Alto Tribunal Constitucional antes de ser promulgada por el presidente Andry Rajoelina.
El texto legislativo establece que los perpetradores de violaciones contra niños menores de diez años enfrentarán la castración quirúrgica.
Para los casos de violación de niños de diez a 13 años, se prevé la posibilidad de castración, ya sea química o quirúrgica.
En situaciones que involucren a menores de 13 a 18 años, la normativa contempla la imposición de castración química.
Amnistía Internacional ha condenado esta medida, calificándola como “cruel, inhumana y degradante”.
La organización exhorta a Madagascar a revocar el proyecto, argumentando que las castraciones no abordarán eficazmente el problema de las violaciones a menores.
Además, sostiene que esta iniciativa contradice las disposiciones constitucionales malgaches contra la tortura y los malos tratos, así como las normas regionales e internacionales de derechos humanos.
La ministra de Justicia, Landy Mbolatiana Randriamanantenasoa, defiende la autonomía de Madagascar para modificar sus leyes en aras del interés general. A pesar de las críticas, el país insiste en implementar esta controvertida medida como parte de su estrategia para combatir la violencia sexual contra menores.
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