FGR aprehende nuevamente a César Duarte por presunto uso indebido de recursos

La Fiscalía General de la República informó sobre la nueva aprehensión de César Duarte, exgobernador de Chihuahua. La detención ocurrió en esa misma entidad. Las autoridades señalaron que el procedimiento se realizó por su posible relación con operaciones financieras consideradas irregulares. Esta acción respondió a una orden emitida el 16 de mayo de 2024 por un juez federal ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.

El caso de Duarte ha tenido varios momentos importantes. El exmandatario fue detenido por primera vez en Miami el 8 de julio de 2020. Posteriormente, fue entregado a México el 2 de junio de 2022. En esa ocasión enfrentó acusaciones por peculado y asociación delictuosa. Dichas investigaciones continúan en Chihuahua bajo la responsabilidad de la fiscalía estatal.

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En octubre de 2024 se solicitó la autorización del Gobierno de Estados Unidos para procesar a Duarte por un delito diferente a los ya mencionados. Esto fue requerido porque la extradición inicial solo permitía juzgarlo por los ilícitos aprobados en ese proceso. La autorización estadounidense llegó el 4 de diciembre de 2025, lo que permitió a la FGR proceder conforme a la ley.

La institución federal explicó que el expediente actual analiza un esquema financiero supuestamente operado durante su administración estatal. En este modelo se habrían movido recursos desviados del erario mediante mecanismos diseñados para ocultar su origen real. De acuerdo con la información oficial, dichas maniobras se realizaron usando el sistema financiero nacional.

La FGR destacó que la investigación sigue abierta. También enfatizó que cada procedimiento se realiza conforme a las normas aplicables. La autoridad tiene la misión de aclarar los hechos y presentar los elementos ante un juez. La resolución final dependerá de lo que se logre acreditar durante el proceso judicial.

Este caso continúa generando atención pública porque involucra el manejo de recursos gubernamentales. Las autoridades reiteraron su compromiso de investigar cualquier situación relacionada con posibles irregularidades administrativas o financieras. El proceso dará continuidad a los lineamientos establecidos para garantizar transparencia y apego a la ley.