La Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León abrió la etapa de investigación del juicio político contra el gobernador Samuel García Sepúlveda, por lo que solicitará información a 69 dependencias estatales y federales, además de requerir los contratos de 12 empresas presuntamente relacionadas con el mandatario.
La decisión fue aprobada por mayoría durante la sesión de este viernes, con un voto en contra de Movimiento Ciudadano y una abstención del Partido Verde. De acuerdo con el acuerdo aprobado, las dependencias tendrán seis días hábiles, a partir del 27 de junio, para entregar copias certificadas de los contratos solicitados, como parte de las investigaciones por una presunta triangulación de recursos.
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Asimismo, la Comisión pidió al Instituto de Defensoría Pública de Nuevo León designar un defensor público para Samuel García, luego de que el propio gobernador solicitara asistencia legal al asegurar que no cuenta con un abogado para enfrentar el procedimiento.
El juicio político fue promovido el pasado 8 de junio por la dirigencia estatal de Morena, que acusa al mandatario de presuntos delitos relacionados con triangulación de recursos públicos, peculado y corrupción. El procedimiento fue admitido el 12 de junio y, posteriormente, el gobernador presentó un escrito de defensa de casi 250 páginas.
De continuar el proceso conforme al calendario previsto, el caso podría llegar al Pleno del Congreso en agosto, donde se requerirá el voto favorable de al menos 28 de los 42 diputados para declarar procedente el juicio político. En caso de aprobarse, el expediente será turnado al Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León para que determine las acciones legales correspondientes.
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