El jueves, Iván Gil, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, anunció la suspensión de la cooperación de Caracas con la oficina técnica del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos. Gil solicitó que el personal de esta oficina abandone el país en las próximas 72 horas. Calificando la decisión como administrativa y motivada por el alejamiento de la oficina de su mandato original.
Según Gil, la oficina, creada para colaborar técnicamente con el Estado venezolano y mejorar la protección de los derechos humanos, se ha desviado de su propósito.
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Además, acusó a la entidad de convertirse en una “caja de resonancia de la oposición de extrema derecha venezolana”. Alegando un incumplimiento de los acuerdos establecidos en noviembre de 2019.
El ministro de Venezuela anunció que la suspensión es temporal y que se llevará a cabo una revisión integral de los términos de cooperación técnica en los próximos 30 días. La Carta de Entendimiento firmada con la entidad será objeto de examen detallado, según Gil, para restablecer la colaboración técnica en beneficio del pueblo venezolano.
“La oficina se creó para mostrar al mundo el apego del Gobierno de Venezuela a los derechos humanos (…) Pero lamentablemente se ha convertido en un instrumento de la oposición”, declaró Gil.
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