La Sala Superior del Tribunal Electoral desestimó los recursos presentados por la oposición que pedían la anulación de la elección presidencial. Los magistrados determinaron por unanimidad que no se presentaron pruebas suficientes para demostrar una afectación estructural a los comicios.
Los magistrados concluyeron que no hubo evidencia de uso indebido de programas sociales ni de intervención de sindicatos. También afirmaron que la violencia en el país no influyó en los resultados de la elección y que no hubo coacción del voto por parte de funcionarios públicos, incluido el presidente López Obrador.
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Se rechazaron las acusaciones sobre compra ilegal de tiempo en radio y televisión, así como las alegaciones de conducta inapropiada por parte de las instituciones electorales. A pesar de que la decisión fue tomada de manera unánime, hubo debate sobre los argumentos presentados.
La magistrada Janine Otálora señaló que, aunque las irregularidades no afectaron de manera determinante la elección, había elementos para hacer un pronunciamiento sobre los asuntos impugnados. Indicó que la violencia fue una afrenta contra la democracia, pero consideró que los asesinatos sólo tuvieron impactos locales.
Otálora también mencionó que el presidente López Obrador intervino de manera sistemática a través de sus conferencias matutinas, algo confirmado por sentencias anteriores.
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