Senado de EE.UU. impulsa plan para frenar el robo de combustible ligado a cárteles mexicanos

Senadores de Estados Unidos presentaron una iniciativa bipartidista para combatir el robo y contrabando de combustible relacionado con organizaciones criminales mexicanas. La propuesta fue impulsada por John Cornyn, senador republicano por Texas, y Jacky Rosen, legisladora demócrata por Nevada. Ambos señalaron que esta actividad representa una fuente importante de financiamiento para grupos delictivos y un problema creciente de seguridad regional.

El proyecto, denominado “Stop Fueling Cartel Violence Act”, plantea que el Departamento de Defensa estadounidense entregue un informe detallado al Congreso. Dicho documento deberá elaborarse dentro de un plazo máximo de 180 días después de una posible aprobación de la ley. El objetivo principal será informar sobre las acciones implementadas para combatir el tráfico ilegal de hidrocarburos vinculado al crimen organizado transnacional.

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La iniciativa contempla estrategias enfocadas en debilitar las operaciones de las redes involucradas en el robo de petróleo, gasolina y otros combustibles. Entre las medidas propuestas destacan el intercambio de información entre agencias de seguridad, la identificación de rutas y nodos logísticos, además del fortalecimiento de capacidades en países aliados. El documento también menciona acciones de cooperación internacional para frenar estas actividades sin recurrir directamente al uso militar.

De acuerdo con los legisladores, grupos criminales como el Cártel Jalisco Nueva Generación, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste han desarrollado esquemas para sustraer y comercializar hidrocarburos. Las acusaciones incluyen perforaciones clandestinas de ductos, robo de combustible y presuntos actos de corrupción relacionados con trabajadores de Pemex.

La propuesta también retoma datos sobre las pérdidas económicas ocasionadas por el llamado “huachicol”. Según estimaciones citadas en el documento, durante 2024 fueron robados cerca de 987 millones de litros de combustible en México. Además, autoridades estadounidenses consideran que el contrabando y la evasión fiscal asociados con estas operaciones generan afectaciones millonarias para las finanzas públicas mexicanas.

Otro punto destacado en la iniciativa es el llamado “huachicol fiscal”. De acuerdo con el texto, algunas redes criminales presuntamente utilizan intermediarios para trasladar petróleo robado hacia Estados Unidos bajo etiquetas falsas. Posteriormente, estos cargamentos serían enviados a empresas importadoras ubicadas principalmente en Texas.