La Fiscalía peruana busca condenar al expresidente Pedro Castillo con una pena de 34 años de prisión por su presunta participación en el intento de autogolpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
Las acusaciones incluyen rebelión, abuso de autoridad y perturbación a la tranquilidad pública. Desde su detención en esa fecha, Castillo cumple prisión preventiva hasta diciembre de 2025.
El Ministerio Público detalló las imputaciones a través de su cuenta oficial en la red social X. Además, Castillo enfrenta otra orden de 36 meses de prisión preventiva por su supuesto liderazgo en una red corrupta dentro del Ejecutivo.
El proceso legal continúa, marcando un capítulo adicional en la controversia del expresidente, destituido tras 17 meses en el poder.
El juez Juan Carlos Checkley revisará los fundamentos de la acusación en las próximas semanas.
Castillo, de orientación izquierdista, ha defendido su inocencia, alegando que nunca se levantó en armas y que su intento de disolver el Congreso no tuvo éxito debido a la falta de acatamiento de las fuerzas armadas. Insiste en que su destitución fue resultado de una conspiración política.
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