La situación financiera precaria de los municipios en México ha llevado a sus autoridades a buscar soluciones drásticas, como la venta de propiedades municipales.
En estados como Colima, Veracruz y Estado de México, los cabildos han intentado desincorporar terrenos municipales, incluso con construcciones como escuelas o estadios, para obtener recursos y enfrentar deudas con proveedores, contratistas y extrabajadores.
Un ejemplo destacado ocurrió en Toluca en 2023, cuando el ayuntamiento solicitó al Congreso mexiquense separar un predio municipal para liquidar una deuda contraída en 2010 por la construcción de una unidad deportiva.
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No obstante, la medida no prosperó, generando tensiones y señalamientos de posibles irregularidades.
La problemática de los laudos laborales también agrega presión financiera a los municipios.
En Veracruz, 174 ayuntamientos acumulan demandas de trabajadores por indemnizaciones, elevando la carga económica año tras año. Intentos de vender bienes para obtener fondos y resolver la situación no han tenido éxito en el Congreso local, lo que agudiza la crisis financiera.
La deuda contratada por los gobiernos locales, según la legislación, debería destinarse a inversión pública productiva, refinanciamiento o reestructura de deuda. Sin embargo, los alcaldes recurren cada vez más a créditos para cubrir insuficiencias temporales, violando las normativas.
Expertos señalan la falta de monitoreo adecuado en la contratación de deuda pública municipal y la necesidad de que los municipios generen ingresos propios para cumplir con sus responsabilidades.
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