Una jueza federal dictaminó la madrugada del 9 de mayo que ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa queden en libertad provisional.
Los militares deberán pagar una fianza de 100 mil pesos y enfrentarán el proceso en libertad, según lo informado por Reforma.
En una audiencia extendida hasta altas horas de la madrugada, se debatió la solicitud de los militares para cambiar su medida cautelar y enfrentar el proceso desde sus hogares, según Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), citado por Aristegui Noticias.
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El Prodh acusó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) de favorecer a los militares involucrados en la desaparición de los jóvenes. Señaló que la falta de contrapesos en el poder militar complica el esclarecimiento de los hechos.
De acuerdo con un comunicado del Prodh, el juzgado federal concedió el cambio de medida cautelar con un criterio parcial y sesgado, confirmando la resistencia de la Sedena a entregar todos los documentos de sus archivos, lo que afecta la justicia y la investigación del caso.
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