López Obrador cierra su gobierno con 27 reformas constitucionales aprobadas

El presidente Andrés Manuel López Obrador finalizará su mandato con 27 reformas constitucionales aprobadas por el Congreso de la Unión. Estas reformas forman parte de los cimientos de la llamada “cuarta transformación”. Entre las modificaciones destacan la reforma al Poder Judicial, la contrarreforma educativa, y la creación de la Guardia Nacional. También sobresale la elevación a rango constitucional de las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad. Así como las becas para estudiantes de escuelas públicas.

Durante la última semana de su administración, el Senado discutirá dos proyectos más aprobados por la Cámara de Diputados. Uno es la transferencia de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad a la Secretaría de la Defensa. El segundo busca reconocer plenamente los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos.

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Además, la 66 legislatura del Congreso heredará otros 14 dictámenes derivados de iniciativas presidenciales. Entre ellos, destacan propuestas para la extinción de siete organismos autónomos, como el INAI, Cofece e IFT, y la prevalencia de la CFE sobre los inversionistas privados en el sector eléctrico.

López Obrador cerrará su sexenio en tercer lugar entre los últimos seis presidentes en cuanto a reformas constitucionales. Felipe Calderón lidera con 38 reformas, seguido de Enrique Peña Nieto con 28, y López Obrador con 27. En cuanto a la efectividad legislativa, López Obrador logró la aprobación del 66.33% de sus iniciativas, con un total de 67 propuestas aprobadas de las 101 que presentó.

Entre las reformas emblemáticas, destaca la creación de la Guardia Nacional como institución policial civil, y la abrogación de la reforma educativa de Peña Nieto. También sobresale la reforma al artículo 4 de la Constitución, que garantiza servicios de salud gratuitos para personas sin seguridad social y apoyos económicos para adultos mayores y personas con discapacidad.

López Obrador también impulsó la revocación de mandato y la eliminación de las partidas secretas en el Presupuesto de Egresos, además de ampliar el catálogo de delitos con prisión preventiva oficiosa. Esto incluye delitos como el feminicidio, el robo de casa habitación, y el uso de programas sociales con fines electorales.