Naciones Unidas acusa al gobierno de Nicaragua de cometer serias violaciones a los derechos humanos. Según la ONU, estas acciones equivalen a crímenes contra la humanidad.
La represión del gobierno se ha intensificado, extendiéndose a varios sectores de la sociedad nicaragüense. Expertos independientes de la ONU han estado investigando la situación desde marzo de 2022.
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Afirman que Nicaragua está sumida en una espiral de violencia y represión política. El gobierno de Ortega ha justificado su accionar acusando a las protestas de 2018 como un intento de golpe de Estado.
Las víctimas incluyen a estudiantes, indígenas, miembros de la Iglesia católica y ahora también a familiares de disidentes. El gobierno ha cerrado organizaciones sociales y atacado a personas que huyeron del país. La ONU exige la liberación de detenidos y sanciones contra responsables de violaciones de derechos humanos.
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