Un tribunal en España ha ordenado investigar a los propietarios de una funeraria por presuntamente vender cadáveres de manera ilegal a instituciones educativas.
La Audiencia Provincial de Valencia ha decidido investigar un recurso presentado por la Fiscalía, desafiando la decisión previa del juez instructor que solo había implicado a dos empleados en el caso.
El juzgado de instrucción de Valencia maneja dos investigaciones relacionadas con este tema: una enfocada en presuntas irregularidades en la venta de un cuerpo y otra sobre un posible esquema criminal más amplio relacionado con el mismo asunto.
La resolución de la Audiencia Provincial, anunciada este martes, se centra en la primera investigación, específicamente en la venta del cadáver de un hombre fallecido en el hospital La Fe a una universidad. El juez instructor inicialmente había señalado que los empleados de la funeraria podrían haber cometido un delito de falsificación de documentos en el Registro Civil. Sin embargo, el fiscal argumenta que los propietarios de la funeraria tienen un conocimiento y responsabilidad innegables en el caso.
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Tanto los dos empleados como los dos propietarios, cuyas edades oscilan entre los 41 y 74 años, fueron arrestados en enero y posteriormente liberados bajo fianza tras prestar declaración.
Según la investigación policial, se sospecha que la funeraria llegó a cobrar aproximadamente 5,500 dólares a una universidad por once incineraciones de cuerpos después de haber sido estudiados, operaciones que no fueron reflejadas en las facturas de las crematorias locales.
Al parecer, los acusados aprovechaban la oportunidad de desmembrar y utilizar partes de los cuerpos en féretros de otros fallecidos, permitiéndoles realizar cremaciones múltiples de una sola vez para ahorrar costos, mientras facturaban a la universidad, obteniendo beneficios significativos.
El fallecido, quien originalmente debería haber sido enterrado con una ceremonia de caridad financiada por el ayuntamiento local en su municipio de residencia, supuestamente fue vendido por casi 1,300 dólares para su estudio sin el consentimiento de ningún familiar o allegado.
Según la policía, los implicados buscaban cadáveres de personas sin familiares cercanos, preferentemente extranjeros o aquellos que habían vivido en condiciones precarias.
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