Hugo Aguilar plantea reconocer plenamente el pluralismo jurídico de pueblos indígenas y afromexicanos

El presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, consideró que México enfrenta el reto de reconocer plenamente el pluralismo jurídico y las distintas formas de organización y de derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos.

Desde su perspectiva como integrante del pueblo mixteco, el ministro señaló que la futura Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, impulsada por el gobierno federal, representa una oportunidad para superar las prácticas que históricamente han obligado a las comunidades a adaptarse o “simular lo que no son” para acceder a derechos y servicios.

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En entrevista con La Jornada, Aguilar Ortiz sostuvo que el objetivo debe ser reconocer a los pueblos y comunidades como sujetos de derecho público, de manera que el marco jurídico responda a la realidad de quienes integran estas comunidades.

El ministro ejemplificó esta problemática con el caso de una comunidad que adquirió autobuses, pero tuvo que constituir una sociedad anónima para poder obtener una concesión de transporte.

“Esto yo creo que se tiene que acabar”, afirmó, al señalar que una cuarta parte de la población del país forma parte de pueblos indígenas o afromexicanos y no debería verse obligada a adoptar figuras jurídicas ajenas a su organización para ser reconocida por las instituciones.

SCJN participará como observadora

El pasado 7 de agosto comenzaron las asambleas regionales de consulta sobre la iniciativa presidencial, dirigidas a alrededor de 16 mil comunidades de 69 pueblos indígenas y al pueblo afromexicano. El proceso concluirá el próximo 13 de septiembre.

La Suprema Corte fue invitada por el Ejecutivo federal para participar como observadora de este proceso. Aguilar Ortiz descartó que esta participación convierta al máximo tribunal en juez y parte ante posibles controversias relacionadas con la futura legislación.

Explicó que la función de la Corte será observar las consultas, escuchar a las comunidades, registrar sus planteamientos y elaborar un informe al concluir el proceso, sin emitir una postura a favor o en contra de la iniciativa.

El ministro consideró que el conocimiento obtenido durante las consultas podrá servir como un acervo para la propia Corte y contribuir al análisis de eventuales controversias constitucionales relacionadas con la nueva legislación.