En una decisión sin precedentes, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Gobernación, ha presentado una denuncia de juicio político contra el juez Crescencio Contreras Martínez, alegando posibles actuaciones ilegales que habrían beneficiado a grupos criminales en la frontera norte del país.
La denuncia, entregada a la Cámara de Diputados, destaca la liberación de individuos vinculados al secuestro de migrantes y otras actividades delictivas como tráfico de fentanilo y posesión de armas de fuego.
Se presume que las decisiones del juez no se ajustan a principios constitucionales y legales, permitiendo la liberación de elementos generadores de violencia contra el interés público.
La solicitud de juicio político busca que la soberanía investigue a fondo las acciones del juez, dejando en manos del Senado de la República la decisión sobre su posible destitución.
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