La Fiscalía General de la República relacionó a la organización encabezada por los hermanos Farías Laguna con la muerte de tres integrantes de la Marina y una trabajadora de la FGR en Colima. Según las investigaciones, el grupo operaba una red dedicada al contrabando de hidrocarburos mediante presuntos actos de corrupción en aduanas del país.
De acuerdo con documentos judiciales, la FGR sostiene que la organización utilizaba amenazas y violencia para evitar denuncias y proteger sus operaciones ilegales. Las autoridades señalaron que quienes conocían detalles del esquema corrían riesgos al intentar revelar información relacionada con el caso.
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Las indagatorias apuntan a Manuel Roberto Farías Laguna y Fernando Farías Laguna, quienes presuntamente tenían influencia dentro de diversas áreas estratégicas. La Fiscalía afirma que podían detectar rápidamente a quienes colaboraban con las investigaciones o reportaban irregularidades ante las autoridades.
Entre las víctimas mencionadas en el expediente aparece el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar. Las investigaciones indican que el mando naval había reportado posibles irregularidades relacionadas con movimientos dentro de las aduanas marítimas y la operación de la red de huachicol fiscal.
Según la carpeta de investigación, Guerrero Alcántar habría informado a superiores sobre la manera en que ciertas posiciones dentro de la Marina eran asignadas para beneficiar a personas cercanas a la organización. Meses después, fue localizado sin vida en Manzanillo, Colima.
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