FGR busca hasta 40 años de prisión para Ernesto Ruffo por presunto contrabando de hidrocarburos

La Fiscalía General de la República (FGR) busca que el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otras personas imputadas sean sentenciadas a entre 20 y 40 años de prisión por los presuntos delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos.

De acuerdo con la acusación, los señalados habrían integrado una red dedicada al tráfico ilegal de combustible desde Estados Unidos hacia México mediante transporte ferroviario, además de presuntamente evadir el pago de impuestos y regulaciones aduaneras.

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La audiencia continuará este martes en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya, donde la jueza Alejandra Ramírez de la Vega determinará si existen elementos suficientes para vincularlos a proceso.

Según la orden de aprehensión, la organización habría realizado al menos nueve embarques de combustible desde la refinería de Deer Park, en Texas, filial de Pemex. El producto era enviado para la empresa Ingemar, vinculada a Ruffo Appel como consignataria, mientras que Internacional de Fundentes figuraba como destinataria final en México.

Las investigaciones señalan que esta última empresa es indagada por presuntamente falsificar documentación para importar mayores volúmenes de hidrocarburos de los autorizados, pese a contar con permisos para introducir 498 millones 520 mil litros de diésel, gasolinas y turbosina.

La FGR también acusa al agente aduanal Víctor José Carretero Zardeneta y a su colaborador Alexis Aarón Camacho Flores, quienes enfrentan órdenes de aprehensión por presuntamente declarar el ingreso de aceite lubricante cuando en realidad transportaban gasolina y diésel.

Como parte de la investigación, las autoridades aseguraron 129 carrotanques en Coahuila: 33 en Ramos Arizpe y 96 en Saltillo, con más de 15 millones de litros de hidrocarburos que, presuntamente, carecían de la documentación legal correspondiente.

La carpeta de investigación se inició tras una denuncia presentada el 19 de septiembre de 2025 por el apoderado legal de Pemex, Alejandro Trejo Sepúlveda, quien sostuvo que el volumen de combustible asegurado evidenciaba la participación de una estructura criminal y no de una sola persona.