En medio de un escenario de violencia y amenazas hacia jueces, magistrados y ministros, el Poder Judicial de la Federación (PJF) ha tomado la decisión de proporcionar medidas de seguridad únicamente a una quinta parte de los miembros de juzgados y tribunales que lo han solicitado.
Según el informe inaugural de labores de la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ministra Norma Lucía Piña Hernández, se evaluaron 242 casos relacionados con la seguridad de servidores públicos durante el año pasado.
De este total, solo 54 magistrados, jueces, secretarios y defensores judiciales recibieron alguna forma de protección, lo que representa solo el 0.44% de los más de 54,000 empleados del PJF al cierre de 2022.
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El informe destaca que el Consejo de la Judicatura Federal no detalla las medidas específicas de seguridad proporcionadas por razones de protección, aunque se ha informado que incluyen vehículos blindados, escoltas, chalecos protectores, radios de comunicación y un seguimiento cercano.
La comunicación directa y continua con los servidores judiciales ha sido clave para identificar y abordar sus necesidades de seguridad de manera oportuna, optimizando los recursos disponibles.
Además, el documento revela que, de las 242 solicitudes evaluadas, 147 buscaban medidas de apoyo y protección, mientras que en 95 casos se mencionaron causas de riesgo sin especificar.
En términos de medidas adicionales, el PJF, a través de las coordinaciones de jueces, ha implementado la suspensión de labores cuando la seguridad de los servidores públicos y los justiciables estaba en peligro.
Este enfoque integral busca garantizar la seguridad en el entorno laboral y mantener la integridad de quienes acuden a las instalaciones judiciales.
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