La Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos tomó una decisión que permitirá la reactivación de redadas migratorias en la ciudad de Los Ángeles. Con seis votos a favor y tres en contra, el tribunal levantó las restricciones que habían detenido estas operaciones, impulsadas por la administración del presidente Donald Trump.
La medida invalida una orden de la jueza federal Maame Ewusi-Mensah Frimpong. Esa resolución anterior había bloqueado las redadas del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Según la jueza, los agentes realizaban detenciones sin causa suficiente, en espacios públicos como estacionamientos, paradas de autobús o lavaderos de autos. Además, señaló que las prácticas se basaban en criterios de idioma, aspecto físico o tipo de empleo, lo cual podía resultar discriminatorio.
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El juez Brett Kavanaugh respaldó la decisión de la Corte Suprema. Señaló que es razonable interrogar brevemente a personas que cumplen lo que llamó “criterios de sentido común”, como trabajar en la construcción o tener dominio limitado del inglés.
Por otro lado, tres juezas del tribunal expresaron su desacuerdo. Sonia Sotomayor, junto con Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson, advirtió que estas prácticas pueden afectar libertades fundamentales. Argumentaron que detener a alguien por parecer latino, hablar español o desempeñar un empleo específico pone en riesgo la igualdad ante la ley.
Defensores de derechos civiles y organizaciones comunitarias también mostraron preocupación. Destacaron que casi la mitad de los habitantes de Los Ángeles tienen origen latino, en particular mexicano. Por ello, consideran que la decisión podría provocar la detención de ciudadanos estadounidenses y residentes legales.
El Departamento de Justicia había señalado que las restricciones previas limitaban la capacidad de implementar la política de deportación masiva. Con la decisión del máximo tribunal, los agentes federales cuentan ahora con respaldo legal para continuar las redadas.
La situación abre un nuevo debate sobre el equilibrio entre políticas migratorias y respeto a los derechos humanos. Mientras tanto, comunidades latinas en Los Ángeles permanecen en alerta ante posibles efectos directos de esta resolución judicial.
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