Controversia en torno al cambio en la venta de entradas para Machu Picchu despierta protestas en Perú

Lima, Perú, se ve sacudida por la polémica ante la reciente modificación en el sistema de venta de entradas para Machu Picchu. El anuncio de que Joinnus, una empresa privada contratada por el Estado, manejará el proceso, en lugar de la Dirección Desconcentrada de Cultura, ha provocado la indignación de grupos ciudadanos y organizaciones turísticas.

La ministra de Cultura, Leslie Urtega, argumenta que el cambio se debe a problemas en el sistema anterior. Sin embargo, diversos sectores vinculados al turismo, la cultura y ciudadanos del Cusco, la región donde se ubica el famoso sitio arqueológico, expresan su rechazo.

Maritza Candia, directora de Cultura de Cusco, renunció en desacuerdo con la decisión de Urteaga, tachándola de “gestión altamente centralista”. Trabajadores de la dependencia han iniciado una huelga y amenazan con intensificar sus protestas si no se revierte el convenio con la empresa privada.

Los críticos del cambio temen que esto sea un paso hacia la privatización de Machu Picchu, perjudicando a operadores locales. Urteaga niega estas acusaciones, asegurando que el objetivo es mejorar la gestión cultural, no privatizar la administración del sitio turístico.

La Coordinadora de Organizaciones Sociales de la Región Cusco convoca a diversas agrupaciones a implementar medidas de lucha en respaldo a los gremios de turismo y cultura. A pesar de la primera postergación, la venta de entradas, inicialmente programada para el 27 de diciembre a través de Joinnus, queda suspendida hasta nuevo aviso.