Una coalición integrada por 25 estados de la Unión Americana presentó formalmente una demanda contra Donald Trump y su administración para impugnar la aplicación de nuevos aranceles globales. Estos gravámenes, que oscilan entre el 10% y el 12.5%, afectan directamente a las importaciones provenientes de la mayoría de los socios comerciales del país.
El recurso legal fue promovido inicialmente por los gobiernos de Oregón, Arizona y California, contando con el respaldo de otras 22 entidades. La acción judicial quedó radicada ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos, con sede en Manhattan, donde se busca la anulación total de estas medidas impositivas.
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En el documento presentado, los gobiernos estatales argumentan que los gravámenes exceden las facultades otorgadas por la ley federal. Los demandantes sostienen que la demanda contra Donald Trump es necesaria debido a que las medidas contradicen los objetivos que la propia administración ha expuesto para justificar su implementación en el mercado internacional.
Los aranceles fueron anunciados a finales de julio por la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), fundamentados en la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Aunque la administración alega el combate al trabajo forzoso, los estados señalan que dicho argumento no justifica un esquema arancelario que incumple los procedimientos legales establecidos.
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