La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, reveló una carta “confidencial” enviada a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consej de la Judicatura Federal, Norma Lucía Piña.
En ella, notifica la resolución del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal que cambió la medida cautelar de los ocho militares vinculados al caso Ayotzinapa.
En el documento, Alcalde destaca que el tribunal, liderado por los magistrados Sarabia Ascencio, Olvera López y Hernández Orozco, amparó a los acusados el 30 de noviembre.
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Este amparo permitió una nueva audiencia para modificar la medida cautelar, alejándose de la prisión preventiva oficiosa.
La funcionaria subraya la relevancia de este cambio, indicando que al alterar la prisión preventiva oficiosa, existe un riesgo elevado de fuga de la justicia. Esto podría resultar en la inlocalizabilidad o fuga del país por parte de los militares liberados.
Además, Alcalde enfatiza la importancia del caso debido a las graves violaciones a los derechos humanos contra los jóvenes desaparecidos y sus padres.
Expresa confianza en que el Poder Judicial garantizará los derechos humanos de las víctimas y sancionará a los responsables para evitar un mensaje de impunidad.
El CJF informó que la juez que ordenó la liberación impuso medidas sustitutivas a la prisión preventiva oficiosa.
Estas incluyen presentarse quincenalmente, exhibir una garantía de 50 mil pesos y la prohibición de salir del país. También se prohíbe acercarse al estado de Guerrero y a las víctimas o testigos del caso.
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