En Toluca, Estado de México, se tomaron medidas contra dos almacenes de distribución de pollo, utilizados para actividades extorsivas. Los almacenes operaban un esquema donde los minoristas eran forzados a comprar cantidades mínimas de pollo, bajo amenaza.
Estos comerciantes eran obligados a adquirir 50 kilos de pollo en cada transacción, con supuestas deficiencias sanitarias. La coerción se materializaba mediante una cuota adicional de 48 pesos por kilo, bajo la amenaza de violencia. Uno de los almacenes asegurados estuvo involucrado en el secuestro de cuatro trabajadores el 22 de diciembre.
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Los trabajadores fueron liberados el 15 de marzo, gracias a una operación conjunta de diversas autoridades. El rescate fue resultado de una operación conjunta entre diferentes agencias, incluyendo la policía estatal y federal.
Las autoridades detectaron movimientos relacionados con el traslado de los trabajadores y actuaron en consecuencia. Los empleados fueron encontrados amagados dentro de un vehículo, y se llevó a cabo una revisión para garantizar su seguridad.
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