La Cámara de Diputados aprobó una enmienda crucial a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, tipificando como discriminación laboral y educativa cualquier acto o negligencia dirigido a mujeres embarazadas.
Esta reforma, respaldada por 444 votos a favor, es un paso significativo para erradicar la penalización laboral basada en el género.
La legisladora Julieta Vences, al frente de la Comisión de Igualdad de Género, destacó que el ámbito laboral castiga a las mujeres por su estado civil y número de hijos.
Este dictamen busca establecer que la discriminación por embarazo constituye violencia laboral, contraviniendo los derechos fundamentales a la igualdad, maternidad, embarazo y lactancia.
La propuesta, ahora en manos de los senadores, pretende sensibilizar sobre la gravedad de la discriminación por embarazo.
Además, insta a las entidades federativas a difundir que esta práctica es un delito y exige la provisión de asistencia legal y de salud integral para las afectadas.
La Secretaría de Trabajo y Previsión Social también se compromete a mantener registros detallados de casos, identificando agresores y derechos vulnerados.
Esta medida, adoptada en el marco de los 16 días de activismo que conmemoran la lucha contra la violencia de género, refleja un avance sustancial hacia la protección de los derechos reproductivos y laborales de las mujeres.
Es un recordatorio contundente de que la discriminación por embarazo no será tolerada y que aquellos que la perpetúen enfrentarán consecuencias legales.
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