El Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) experimenta un desmantelamiento silencioso porque ha suspendido casi por completo sus operaciones en el último año y medio.
En esas condiciones se encuentra la institución que el Gobierno federal presentó y creó como una solución innovadora para la crisis forense y de desapariciones en México; la realidad contrasta con las expectativas.
Según una investigación de La Jornada, el CNIH ha reducido su plantilla en un 70% y también suspendió el proceso de donación del edificio donde funcionaría.
Este centro, establecido en mayo de 2022 con el propósito de contribuir a la identificación de más de 52,000 cadáveres resguardados en anfiteatros y fosas comunes en todo el país, enfrenta un periodo de inactividad.
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Lo anterior ocurre desde la administración de la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, y la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún.
Las acciones de las autoridades incluyeron la rescisión de contratos, la falta de asignación de presupuesto y equipo tecnológico, y el desalojo del edificio en Xochitepec, Morelos.
La ausencia de información oficial sobre el futuro del CNIH genera incertidumbre, ya que la reforma que autorizó su operación no destinó recursos adicionales, y los presupuestos de 2023 y 2024 no contemplan fondos específicos.
Las condiciones de desmantelamiento del centro distan de la visión inicial presentada por el Gobierno, pues lejos de cumplir su objetivo de resolver la crisis forense, se ve sumido en un periodo de inactividad y falta de apoyo financiero necesario para su funcionamiento.
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