Además de asumir el control del aprovechamiento y comercialización de los recursos forestales, el poder de los grupos criminales en México alcanzó a las asambleas ejidales y comunales, que son los máximos órganos de autoridad en los núcleos agrarios.
Esta condición de riesgo la alertó el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), luego de criticar la falta de presencia del Gobierno mexicano en la protección de los territorios forestales.
Además, la organización lamentó la disminución del presupuesto destinado a la protección y conservación de las áreas boscosas.
El CCMSS señaló que esta situación ha facilitado la entrada de la delincuencia organizada para apoderarse del aprovechamiento, transformación y comercialización de la madera y otros productos forestales.
También destacó la ausencia de una estrategia gubernamental para detener este proceso destructivo y señaló que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales solo opera un programa para combatir la tala ilegal.
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Según datos oficiales, México pierde alrededor de 208 mil hectáreas de bosques y selvas al año debido a la deforestación y cambio de uso de suelo.
Si se detuviera la deforestación, el país podría captar alrededor de 30 millones de toneladas de bióxido de carbono, y fortalecer el manejo forestal comunitario permitiría la absorción de 35 millones de toneladas de este gas.
Sin embargo, en los últimos ocho años ha habido severos recortes presupuestales a los organismos federales encargados del manejo forestal y la conservación de los recursos naturales.
Esto ha resultado en la precarización de las instituciones, con recortes de personal y una pérdida de presencia en los territorios, lo que significa que no desempeñan eficientemente su responsabilidad de vigilar los bosques para su protección.
El CCMSS destacó que México cuenta actualmente con 225 áreas naturales protegidas, que abarcan 93.9 millones de hectáreas bajo protección federal, pero el presupuesto disponible para ello equivale a tan solo 15 pesos por hectárea.
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