Exobreros de AHMSA buscan amparo colectivo para proteger el pago de salarios e indemnizaciones

Más de 14 mil ex trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA) y Minera del Norte podrían emprender una nueva batalla legal para defender sus derechos laborales, mediante un amparo colectivo que busca cuestionar las restricciones de pago contempladas en la Ley de Concursos Mercantiles.

Héctor Manuel Garza Martínez, representante legal de un grupo de acreedores de AHMSA, explicó que todavía existe una vía constitucional para impugnar el tratamiento que reciben determinados créditos laborales dentro del proceso de quiebra.

El abogado señaló que la estrategia jurídica se enfocaría en los artículos 224 y 225 de la legislación concursal, relacionados con la prelación de créditos. De acuerdo con su planteamiento, estas disposiciones podrían limitar el pago completo de salarios e indemnizaciones frente a obligaciones respaldadas de empresas e instituciones como Cargill y Pemex.

Buscan proteger a trabajadores de AHMSA

Garza Martínez cuestionó que los trabajadores tengan que asumir parte de las consecuencias de una crisis financiera que, afirmó, no provocaron, y planteó la necesidad de aplicar principios constitucionales relacionados con la protección de los derechos humanos.

La posibilidad de promover un amparo indirecto se concretaría una vez que el juzgado determine la clasificación definitiva de los créditos preferentes.

La representación legal de los trabajadores estará a cargo de Diana Carolina Fregoso Rojo e Ignacio Miñón Ramírez, quienes fueron designados el 10 de julio de 2026 por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles para proteger los intereses de los ex obreros.

El litigante consideró que una demanda colectiva podría abrir un debate constitucional de alcance nacional al involucrar derechos como el mínimo vital, la protección de la familia y el principio pro persona.

Finalmente, Garza Martínez señaló que la propuesta técnica permanece disponible para su análisis y llamó a la defensoría pública a revisar los elementos jurídicos y procesales necesarios para fortalecer la defensa de los ex trabajadores y buscar que los recursos derivados de la quiebra beneficien prioritariamente a las familias afectadas.