El estado de Veracruz avanzó durante 2025 en la implementación de estrategias orientadas a la prevención de la violencia y al fortalecimiento de la convivencia social. Como parte de estas acciones, se logró el canje voluntario y confidencial de 230 armas de fuego entregadas por la ciudadanía, a cambio de un incentivo económico, mediante el programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz”, enfocado en reducir riesgos dentro de los hogares y espacios comunitarios.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer estos resultados al presentar el balance de las actividades desarrolladas en la entidad. Señaló que estas medidas forman parte de un enfoque integral que busca atender las causas estructurales de la violencia, priorizando la participación social, la coordinación institucional y la promoción de una cultura de paz en todo el territorio veracruzano.
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En este mismo periodo, se llevaron a cabo cinco mil 109 sesiones de las Mesas de Paz, tanto a nivel estatal como regional. Estos espacios permitieron la colaboración constante entre autoridades federales, estatales y municipales, con el objetivo de analizar contextos locales, fortalecer la prevención y dar seguimiento a las acciones de seguridad y bienestar social en cada zona.
Durante la Conferencia del Pueblo encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, la titular de Gobernación destacó el trabajo conjunto con la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle García. Reconoció su participación activa al liderar las sesiones de la Mesa Estatal de Seguridad, así como la coordinación lograda entre dependencias para consolidar políticas públicas orientadas a la estabilidad y el desarrollo social.
Además, se informó que se realizaron 386 Jornadas por la Paz en distintos municipios, con la participación de miles de personas. Estas actividades incluyeron eventos deportivos, expresiones culturales, talleres preventivos, jornadas de salud y la difusión de la Cartilla de Derechos de las Mujeres. El programa “Sí al Desarme, Sí a la Paz” se aplicó en 61 municipios, con apoyo de la Sedena, autoridades locales y organizaciones sociales.
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