La FGE de Baja California niega tener órdenes de arresto vigentes contra “El Flaquito” de Los Arellano Félix

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California informó que no cuenta con órdenes de aprehensión activas contra Pablo Edwin Huerta Nuño, conocido como “El Flaquito”. Este hombre fue detenido recientemente en un operativo federal, pero la FGE aclaró que no emitió ni participó en dicha orden.

La fiscal general María Elena Andrade Ramírez explicó que la captura fue realizada por la Fiscalía General de la República (FGR) junto con un grupo élite de la Guardia Nacional. Añadió que, aunque no hay una orden local vigente, existen carpetas de investigación relacionadas con actividades delictivas que podrían involucrar a Huerta Nuño.

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Por su parte, el secretario estatal de Seguridad Ciudadana, Laureano Carrillo Rodríguez, confirmó que hasta el 17 de junio no se había notificado oficialmente la detención por parte de las autoridades federales. Señaló que “El Flaquito” es un conocido integrante del Cártel de Los Arellano Félix.

Carrillo detalló que el detenido es responsable de delitos como narcomenudeo, tráfico de drogas y robo de cargamentos a bandas rivales. También mencionó que ya fue detenido en 2012 y que se le considera generador de violencia en zonas como Tijuana y Ensenada.

La Fiscalía estatal mantiene abiertas investigaciones por homicidios donde se sospecha podría haber participado el detenido. Por ello, esperan colaborar con la FGR para determinar posibles acciones legales en conjunto.

La detención ocurrió en un operativo encubierto el 17 de junio, coordinado por la FGR, la Guardia Nacional y el Ejército. Se ejecutaron dos cateos en Tijuana, donde se detuvo a Huerta Nuño y a tres personas más, entre ellas su esposa y un escolta.

En las residencias aseguraron armas, drogas, vehículos y equipo táctico. Las autoridades federales consideran esta acción como un golpe importante contra la estructura criminal en la región.

Mientras tanto, “El Flaquito” sigue siendo una figura relevante en el mapa delictivo de Baja California, aunque su estatus legal oficial sigue bajo revisión.