De millones a cero: cómo se desvaneció el patrimonio del ex gobernador Silvano Aureoles, actualmente prófugo

Silvano Aureoles, ex gobernador de Michoacán y aspirante presidencial, pasó de tener un considerable patrimonio a reportar cero bienes. Hace unos años se le acusó de desfalco y de desviar recursos por varios miles de millones de pesos. El pasado 1 de marzo se emitió una orden de aprehensión contra él por estos presuntos delitos.

Ese mismo día, cuatro excolaboradores fueron detenidos por el mismo caso. Entre ellos se encuentran el exsecretario de Seguridad, el exsecretario de Finanzas y dos funcionarios de la Secretaría de Finanzas. Aunque Aureoles no fue detenido, se le considera prófugo de la justicia.

Desde el año 2022, la Auditoría Superior de la Federación presentó denuncias contra su administración. Estas denuncias señalaban irregularidades en el manejo de los recursos públicos. Se acusaba al exgobernador de que miles de millones de pesos “desaparecieran” junto con su fortuna.

Cuando asumió la gobernatura en 2015, Silvano Aureoles contaba con un patrimonio que superaba los 5.5 millones de pesos. Durante su campaña, se unió a la iniciativa “3de3”, que obligaba a los candidatos a hacer pública su declaración patrimonial, fiscal y de intereses. En ese entonces, Aureoles reportó varios bienes.

Mencionó tener una casa en Morelia, Michoacán, con una extensión considerable y pagada a crédito por 3 millones de pesos. También declaró un pequeño departamento en la Ciudad de México, adquirido a crédito por 1.5 millones de pesos. Además, poseía un rancho en Zitácuaro, compartido con sus hijas, y dos vehículos Chevrolet modelo 2023.

Sorprendentemente, al finalizar su sexenio en 2021, su declaración patrimonial mostraba que no poseía ningún bien inmueble, mueble o vehículo. Solo se registraron tres cuentas bancarias y un crédito hipotecario por 3 millones de pesos. Sus ingresos anuales se limitaron a poco más de un millón de pesos, lo que equivale a casi 90 mil mensuales.

Las irregularidades en la declaración le costaron una inhabilitación para ejercer cargos públicos durante 11 meses. Esta sanción se impuso por presentar la declaración de forma defectuosa, no por la desaparición de sus propiedades.