El Gobierno de México presentó sus argumentos ante la Corte Suprema de Estados Unidos en un caso contra fabricantes de armas. Según Pablo Arrocha, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), estas empresas son conscientes de que sus prácticas comerciales permiten el tráfico ilegal de armas hacia México.
Tras la audiencia en la Corte, Arrocha aclaró que la demanda no está relacionada con la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense ni con los derechos de los ciudadanos para poseer armas legalmente. México, dijo, respeta la regulación interna de Estados Unidos, pero busca frenar el flujo ilegal de armamento que termina en manos de grupos delictivos.
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México tiene regulaciones estrictas sobre la venta de armas , contando con un único distribuidor autorizado en el país. Sin embargo, el armamento ingresado ilegalmente ha sido utilizado en actos de violencia, incluyendo ataques contra helicópteros militares y el uso de armas de alto calibre que no pueden adquirirse legalmente en territorio mexicano.
La demanda presentada por México busca que los fabricantes de armas asuman su responsabilidad en la distribución de sus productos. Ahora, la Corte Suprema deberá determinar si estas empresas pueden ser consideradas responsables por sus prácticas o si tienen protección legal . Se espera que la decisión final se emita en junio.
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