La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de ONGs. Esta ley regula el funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales en el país.
Según la nueva ley, las ONGs tienen prohibido recibir fondos para organizaciones políticas. También se les prohíbe promover ideologías como el fascismo, la intolerancia o el odio.
La ley establece que las ONGs que infrinjan estas normas pueden ser disueltas judicialmente. Además, deberán notificar los fondos y donaciones que reciban para asegurar su legalidad.
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Durante la sesión, el diputado Diosdado Cabello argumentó que esta ley es necesaria para evitar que las ONGs financien actividades violentas o terroristas.
El texto también señala que la disolución de una ONG deberá ser decidida por los tribunales civiles. Estos tribunales deben garantizar el derecho a la defensa y el debido proceso.
Además, el Ejecutivo será responsable de supervisar el cumplimiento de la ley. Esto incluye la implementación de mecanismos de control y evaluación.
La aprobación de la ley ha sido criticada por diversas ONGs. Estas organizaciones advierten que la ley podría suprimir el espacio cívico y restringir el derecho de asociación.
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió al gobierno venezolano que rechace esta ley. También criticó un proyecto de ley relacionado con la regulación de redes sociales por sus posibles impactos negativos en los derechos humanos y la democracia.
Críticos de la ley, como el abogado Ali Daniels y la Relatora Especial de la ONU Gina Romero, señalan que la ley puede ser utilizada para reprimir a las ONGs y restringir su autonomía.
Jorge Alejandro Rodríguez Moreno, diputado en el exilio, también condenó la ley, argumentando que representa una amenaza para las libertades fundamentales y la autonomía de la sociedad civil venezolana.
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