Los gobernadores mexicanos han presentado un Amicus Curiae ante la SCJN, señalando el peligro de eliminar la prisión preventiva oficiosa. En el documento, resaltaron la importancia de mantener la supremacía constitucional y considerar el impacto en la seguridad pública.
Expresaron su preocupación por el posible colapso de los tribunales federales y subrayaron que esta medida es esencial para combatir delitos graves y proteger a las víctimas.
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Destacaron que la prisión preventiva oficiosa garantiza un proceso penal adecuado, la justicia para las víctimas y la reparación de daños. Advirtieron sobre un proyecto en discusión que busca inaplicar esta medida, negar órdenes de arraigo y ordenar investigaciones independientes en casos de denuncias de tortura.
El proyecto, de aprobarse, tendría efectos generales y deberá ser acatado por todos los jueces del país. El ministro Pardo Rebolledo destacó la necesidad de acatar las sentencias de la Corte IDH sin cuestionar su validez.
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